El pasado mes de diciembre tuve un accidente con el coche cuando iba para Maspalomas, a la altura de Vecindario. El impacto fue tan fuerte, que mi mujer y yo nos quedamos atrapados dentro del vehículo, ya que el morro del coche se vino hacia nosotros. En vista de que no podíamos salir, tuvieron que llamar a los bomberos, acudiendo al lugar dos vehículos del parque de bomberos de Arinaga, con un total de ocho bomberos.
Como consecuencia del impacto, saltó una chispa y prendió el combustible que había derramado en la calzada, teniendo que intervenir rápidamente para apagar el fuego, usaron agua y un extintor. Quedó algo de combustible por el suelo y para evitar que volviese a prender o que algún vehículo patinase como consecuencia de dicho derrame, pusieron sepiolita, una especie de arena que absorbe el combustible derramado.
Estuve hasta el 20 de enero de baja por el accidente y al incorporarme el 21, me avisan en la empresa de que me habían embargado el sueldo, ya que me llegó una factura del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y como no tenía saldo en la cuenta, tuvieron que embargarme la nómina. Al preguntar en las oficinas del Consorcio el motivo de la factura, me indican que corresponde a la actuación de los bomberos por sacarme del vehículo el día que tuve el accidente.
El importe es desorbitado y al preguntar el por qué de esa cantidad, me informan de que el día del accidente, acudieron al lugar dos vehículos de bomberos, en los cuales iban ocho agentes. Para apagar el fuego del derrame de combustible y limpiar un poco la zona, tuvieron que usar casi 250 litros de agua y para terminar con la limpieza del combustible utilizaron la sepiolita. El funcionario que me atiende, me indica que todo esto cuesta dinero a lo que le contesto que yo pago mis impuestos y que encima vivo en un Ayuntamiento que pertenece al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, por lo que estoy exento del pago de dicha factura. Me confirma que tengo razón, pero que la norma dice que primero se paga y después se reclama, según lo acordado por los entes consorciados, Cabildo, Ayuntamientos y Gobierno de Canarias, es decir, mis representantes políticos ponen las tasas que me van a cobrar.
Presento una reclamación, ya que no me parece lógico el orden en el que hacen las cosas. Primero debieran verificar si el usuario pertenece a un ayuntamiento consorciado y en caso afirmativo, no habría que pasar factura alguna, sino arreglar directamente con el seguro del afectado.
¿Qué se consigue haciendo las cosas como se hacen actualmente? Pues que habrá mucha gente que no sepa esto y pague sin presentar una reclamación. A la vez, se consigue que la gente trate de no llamar a los bomberos, apurando hasta el último momento, con el riesgo que eso conlleva, con tal de que no le cobren porque se quema su casa, por rescatar a un hermano que se cayó por una ladera, etc. Creo que las administraciones debieran tener un poco de consideración y no darle más problemas a aquellas personas que han pasado un mal momento y que en ocasiones lo han perdido todo.
Fdo.
Ciudadano cabreado
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